(CNN Español) — Siete de los 10 detenidos por el supuesto tráfico de municiones y otros pertrechos presuntamente sustraídos de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional de República Dominicana recibieron prisión preventiva el martes, por decisión de la magistrada Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Según la solicitud de coerción que presentó el Ministerio Público, la red de policías que fue desarticulada por la denominada Operación Pandora, creó presuntamente una organización criminal que traficó en forma clandestina municiones y otros pertrechos de la institución.
La prisión preventiva aplica para dos coroneles, un capitán, un teniente, un cabo y dos rasos, quienes cumplirán la medida en el Centro de Operaciones de Especiales ubicado en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste.
Entre ellos está el coronel Narciso Feliz Romero, exintendente de Armas, quien es señalado por las autoridades como el presunto cabecilla de esta red. Su representante legal, Vinicio Aquino Figuereo, rechazó las acusaciones y aseguró que apelará la decisión. (SOT Aquino).
Otros dos miembros de la institución fueron puestos en libertad con garantía económica, mientras que la única civil acusada cumplirá arresto domiciliario. Los tres forman parte de un grupo de cuatro señalados en la causa que buscan un acuerdo para cooperar con el Ministerio Público.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, se mostró satisfecho con la decisión de la jueza y dijo que «los miembros de la Policía Nacional traicionaron su uniforme, su institución y al país».
De acuerdo con las leyes dominicanas, los imputados podrían enfrentar hasta 20 años de cárcel por el delito de tráfico ilícito de armas, además del pago de una multa de 50 a 75 salarios mínimos del sector público, equivalentes a entre US$ 16.100 y US$ 24.150.
Además, el delito de falsificación o alteración de las características técnicas de armas de fuego podría acarrear una pena principal de entre 5 y 10 años de prisión, más el decomiso del arma de fuego y el pago de una multa de 10 a 15 salarios mínimos, entre US$ 3.220 y US$ 4.830.
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