(CNN) — El alcance y la credibilidad del derecho internacional están en su punto más bajo de los últimos años, ya que los gobiernos desestiman las órdenes de detención en algunos de los casos más sonados que se presentaron ante la Corte Penal Internacional (CPI).
En los últimos 18 meses, el tribunal con sede en La Haya dictó órdenes de detención contra el presidente ruso Vladimir Putin, así como contra el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu, su exministro de Defensa Yoav Gallant y un alto funcionario de Hamas.
Netanyahu es el primer dirigente aliado de Occidente acusado de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por el tribunal. Israel presentó apelaciones y pidió al tribunal que suspenda las órdenes de detención. Mientras tanto, varias naciones poderosas optaron por no ejecutar las órdenes, mientras que otras las han rechazado abiertamente.
La respuesta francesa fue quizá la más perjudicial para el tribunal. París había apoyado fervientemente la orden de Putin, y reiteró su «compromiso de larga data de apoyar la justicia internacional» tras la emisión de la orden de Netanyahu. Pero solo unos días después, el Ministerio de Asuntos Exteriores francés cambió de postura, sugiriendo que como Israel no era miembro del tribunal, su primer ministro podía ser inmune a la detención.
Los críticos afirman que las respuestas sugieren dos conjuntos de normas: uno para los aliados tradicionales de Occidente y otro para sus enemigos.
El tratado fundacional de la CPI obliga a los 124 países signatarios a detener a Netanyahu y Gallant, según James Joseph, redactor jefe de Jurist News.
«Cada vez parece menos probable que los Estados cumplan esta obligación», declaró a CNN. «Los Estados no pueden pretender tener éxito en la justicia penal internacional si no se comprometen a defender los derechos de todos los implicados».
El caso Netanyahu fue solo el último golpe a la autoridad del tribunal. En septiembre, Putin viajó a Mongolia sin enfrentarse a ninguna repercusión. A pesar de ser un país signatario del Estatuto de Roma -el tratado por el que se creó el Tribunal en 2002-, Mongolia ofreció una alfombra roja de bienvenida al dirigente ruso.
El viaje fue el primero de Putin a un Estado miembro de la CPI desde que el tribunal emitió una orden de detención contra él en marzo de 2023 por su presunta participación en el crimen de guerra de deportar ilegalmente a niños ucranianos.
Falta de consenso
Las órdenes de detención de Netanyahu y Gallant suscitaron reacciones diversas entre los Estados occidentales, lo que pone de relieve la falta de consenso sobre cómo responder a acusaciones de alto nivel contra aliados.
El entonces responsable de Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, afirmó que son «vinculantes» y deben aplicarse. Irlanda, Canadá y los Países Bajos se mostraron de acuerdo. Alemania se mostró reticente, afirmando que compartía «unas relaciones únicas y una gran responsabilidad con Israel», y añadió que solo sería posible adoptar nuevas medidas cuando fuera previsible una visita de Netanyahu a Alemania.
Mientras tanto, Argentina y Hungría, ambos miembros del tribunal, dejaron claro que Netanyahu era bienvenido a visitarlo. El primer ministro húngaro, Viktor Orban, dijo que la decisión de la CPI era «descarada, cínica y completamente inaceptable», y garantizó a Netanyahu libertad y seguridad en caso de que visitara Hungría.
Estados Unidos, que nunca se adhirió al tribunal y firmó acuerdos con un centenar de países para impedir la detención de estadounidenses acusados por él, condenó las órdenes de detención contra los dirigentes israelíes.
Las críticas de la administración Biden a las órdenes de Israel fueron tan rotundas como su apoyo a la orden de Putin. Tras la emisión de la orden de arresto contra Putin, el presidente Joe Biden dijo que «es muy contundente… Está claro que ha cometido crímenes de guerra».
En la posición actualizada de Francia, el Ministerio de Asuntos Exteriores del país dijo en un comunicado: «Francia tiene la intención de seguir trabajando en estrecha cooperación con el primer ministro Netanyahu y las demás autoridades israelíes para lograr la paz y la seguridad para todos en Medio Oriente».
El repentino cambio de rumbo de Francia se produjo después de que los israelíes dejaran claro que no aceptarían un papel francés en la aplicación de un alto el fuego en el Líbano por su apoyo implícito a la orden de detención de la CPI.
Grupos de derechos humanos condenaron el cambio de postura de Francia. Amnistía Internacional dijo que era «profundamente problemático» e iba en contra de las obligaciones del gobierno como miembro de la CPI.
Al cambiar de postura, Francia parece haberse amparado en el artículo 98 del Estatuto de Roma, que establece que un Estado no puede «actuar de manera incompatible con las obligaciones que le incumben en virtud del derecho internacional con respecto a la (…) inmunidad diplomática de una persona».
Mongolia afirmó un argumento similar: que como jefe de Estado de Rusia, Putin goza de inmunidad absoluta frente a los procedimientos de la CPI, a menos que Rusia renuncie a ella.
El tribunal rechazó esa alegación, afirmando que otro artículo elimina todas las inmunidades. Un grupo de jueces denunció a Mongolia ante la asamblea de gobierno de la CPI, alegando que los miembros del tribunal «tienen el deber de detener y entregar a las personas objeto de órdenes de detención de la CPI, independientemente de su cargo oficial o nacionalidad». Cualquier otra interpretación «socavaría el objetivo del Estatuto de Roma de poner fin a la impunidad de quienes amenazan la paz y la seguridad mundiales», declaró entonces el grupo de expertos.
El portavoz del tribunal, Fadi El Abdallah, afirmó que no se desistiría de perseguir a Netanyahu, declarando al Canal 13 de Israel que «las consideraciones y amenazas políticas no afectarán a la toma de decisiones, los jueces son independientes y solo decidirán de acuerdo con las pruebas y la ley». También dijo que era muy poco probable que los jueces anularan las órdenes de detención.
La política en contradicción con las obligaciones internacionales
La prueba de los últimos meses es que la conveniencia política a veces está por encima de las obligaciones internacionales. Cuando Mongolia dio la bienvenida a Putin, la realidad del país de vivir al lado de Rusia y China era primordial.
El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, reconoció esa realidad en septiembre. «Entendemos la posición en la que se encuentra Mongolia, intercalada entre dos vecinos mucho mayores, pero creemos que es importante que sigan apoyando el Estado de derecho en todo el mundo».
La opinión de EE.UU. sobre el caso de Israel fue bastante diferente, y el Consejo de Seguridad Nacional denunció «las prisas del fiscal por solicitar órdenes de detención y los preocupantes errores del proceso que condujeron a esta decisión».
El senador republicano de EE.UU. Tom Cotton, mostrado el 13 de noviembre, ha llamado a la CPI un «tribunal canguro». (Crédito: Leah Millis/Reuters)
Las respuestas contradictorias a las órdenes de detención de la CPI este año ponen en entredicho décadas de progreso en el enjuiciamiento de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, empezando por los juicios de Nuremberg en la Alemania de posguerra.
El camino ha sido a menudo accidentado. Sudáfrica, miembro de la CPI, hizo caso omiso de una orden de detención contra el entonces líder sudanés Omar al-Bashir en 2015, cuando lo visitó.
Pero Putin tuvo cuidado de no viajar a ningún otro Estado miembro de la CPI y se saltó la cumbre de los BRICS del año pasado en Sudáfrica, evitando así una ruta de vuelo sobre muchos Estados miembros.
En cuanto a la CPI, puede que ahora se encuentre en el punto de mira. Este año, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para sancionar al tribunal, amenazando con sanciones económicas y restricciones de visado a personas y jueces asociados con la CPI. El Senado aún no ha abordado el proyecto de ley, pero el líder entrante de la mayoría del Senado, John Thune, advirtió que la mayoría republicana hará de la aprobación del proyecto de ley una prioridad en el próximo Congreso si la CPI no da marcha atrás en su decisión de perseguir a los líderes israelíes.
En su primer mandato, el expresidente Donald Trump impuso sanciones a los fiscales de la CPI por sus investigaciones sobre dirigentes israelíes y presuntos crímenes de guerra estadounidenses en Afganistán.
Mike Waltz, el asesor de seguridad nacional elegido por Trump para su segundo mandato, dijo sobre la orden de Netanyahu que «la CPI no tiene credibilidad… Pueden esperar una fuerte respuesta al sesgo antisemita de la CPI y la ONU en enero». El senador republicano Tom Cotton lo calificó de «tribunal canguro».
Sigue siendo cierto que para cualquiera que sea objeto de una orden de detención por parte de la CPI, el mundo se hace más pequeño y la incertidumbre de viajar mayor. Pero este año ha demostrado que si tienes amigos en los lugares adecuados, seguirá habiendo una alfombra roja en algún sitio.
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